Claves de la noticia:
- Ejido de Kantunilkín: A pesar de la disputa interna, José Fidel Pool Cauich sigue siendo el único representante reconocido legalmente.
- Riesgo en trámites: La existencia de una dirigencia “paralela” encabezada por Isidro Chuc Sima carece de sustento ante las autoridades federales.
- La vía legal: La revocación de mandato y la renuncia formal son las únicas salidas institucionales para destrabar el conflicto.
KANTUNILKÍN, QR.- El conflicto interno que mantiene paralizado al núcleo agrario de Kantunilkín ha cumplido casi un mes sin visos de una resolución amistosa. Sin embargo, en medio del ruido político y las asambleas paralelas, la claridad jurídica empieza a imponerse: José Fidel Pool Cauich es, ante las instancias federales, el único comisariado ejidal con validez legal.
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Así lo manifestó de manera contundente Arturo May Decelis, ex trabajador de la Reforma Agraria y especialista en gestión de tierras, quien advirtió que las pugnas de grupos no pueden ignorar el marco normativo que rige a los ejidos en México.
Según el experto, la dualidad de poderes que se pretende ejercer en la comunidad solo genera incertidumbre jurídica para los cientos de ejidatarios que dependen de la firma oficial para sus procesos de titulación y gestión.
El peso de la Ley sobre los usos y costumbres
La disputa ha dividido a los comuneros en dos bandos: aquellos que respaldan la continuidad de la directiva actual y quienes proclaman a Isidro Chuc Sima como el nuevo líder. No obstante, May Decelis fue enfático al señalar que la voluntad de un grupo, por numeroso que sea, no sustituye los procesos registrados ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
“Quieran o no, el comisariado ejidal es el señor José Fidel Pool Cauich. De manera interna podrá decir el otro grupo que es Isidro Chuc Sima, pero no tiene validez legal alguna”, sostuvo May Decelis.
El especialista subrayó que, aunque los ejidos gozan de autonomía y cuentan con reglamentos internos, estos tienen un límite constitucional. “Realizo diversos trámites en el ejido y la ley es clara: no cualquier persona puede asumirse como representante. Sí existe un reglamento interno, pero nadie puede estar por encima de la ley”, puntualizó.
La revocación de mandato: La única salida institucional
Para destrabar el conflicto que ha generado tensión social en el municipio de Lázaro Cárdenas, el ex trabajador agrario sugirió que se debe abandonar la estrategia de la confrontación por la de la institucionalidad. La figura jurídica para resolver esta crisis es la revocación de mandato.
Este procedimiento exige que los representantes en funciones presenten su renuncia formal para someterse nuevamente al escrutinio de la Asamblea General. Es ahí donde el grupo inconforme debería demostrar su fuerza política de manera legal.
“Si cualquier grupo siente tener el respaldo, que cada representante presente su renuncia como revocación de mandato, y si los ejidatarios lo ratifican en una votación conforme a derecho, entonces el otro bando no tendría nada más que hacer”, explicó el especialista.
Un mes de parálisis y división
El conflicto, que inició hace aproximadamente 30 días, no solo es una lucha por el reconocimiento, sino que afecta directamente la economía local.
El ejido de Kantunilkín es una de las entidades agrarias más importantes de la zona, y la falta de una firma reconocida impide la tramitación de apoyos federales, la validación de contratos y el seguimiento a convenios de ocupación previa.
Mientras el bando de Chuc Sima mantiene su postura de legitimidad basada en el apoyo de una fracción de la base, el grupo de Pool Cauich se aferra a las credenciales otorgadas por las autoridades agrarias.
El riesgo, advierten analistas locales, es que la prolongación de esta crisis derive en enfrentamientos físicos o en la anulación de actos jurídicos previos, lo que afectaría el patrimonio de las familias ejidatarias.
Por ahora, el llamado de los expertos es a la cordura y al respeto de la Ley Agraria, recordando que cualquier documento firmado por una figura no reconocida por el RAN carecerá de todo valor ante juzgados y dependencias de gobierno, dejando en la indefensión a quienes confíen en representaciones de facto.
