Claves de la noticia:
- Exigencia de justicia: Representantes vecinales denuncian uso excesivo de la fuerza durante desalojo y exigen sanciones contra los elementos que participaron en el operativo de la calle 104.
- Conflicto sistemático: Advierten que al menos 50 familias están en riesgo de desalojo debido a la duplicidad de derechos y la falta de regularización histórica.
- Llamado federal: Solicitan la intervención directa del INSUS y del Gobierno del Estado para frenar los lanzamientos hasta que se resuelva la propiedad de fondo.
PLAYA DEL CARMEN, QR.– Integrantes del Comité de Colonos de la colonia Colosio denunciaron formalmente presuntos abusos de autoridad cometidos durante el intento de desalojo del pasado miércoles. En una postura firme, los representantes advirtieron que la tensión social podría escalar, ya que existen al menos 50 procesos legales similares que ponen a igual número de familias en riesgo de perder sus hogares.
En conferencia de prensa, la exdiputada Sonia López, junto a los líderes sociales Gabriel Cabañas y Julián Cano Novelo, señalaron que el operativo desplegado en la calle 104 excedió los límites legales. Según los colonos, existen pruebas videográficas y testimonios que confirman agresiones por parte de la fuerza pública, por lo que demandaron una investigación exhaustiva hacia las corporaciones participantes.
También te puede interesar: Reforma fiscal 2026: Vendedores digitales en México migran a tiendas propias por altas retenciones
Desalojo con certeza jurídica: la deuda pendiente
El vocero Gabriel Cabañas subrayó que la violencia es el síntoma de un problema estructural: la histórica carencia de títulos de propiedad en la zona.
“Lo ocurrido es resultado de un problema que se ha arrastrado durante años por la falta de certeza jurídica en la colonia”, afirmó, enfatizando que no se trata de casos aislados, sino de un fenómeno que afecta a decenas de posesionarios.
Los líderes vecinales atribuyeron el caos actual a irregularidades administrativas de gestiones previas y a esquemas de venta de terrenos que permitieron la duplicidad de derechos, dejando a los habitantes en un estado de indefensión legal frente a nuevos reclamos.
Intereses inmobiliarios bajo la lupa
La denuncia también apuntó hacia el sector privado. Los colonos acusaron que detrás de diversos litigios existen intereses inmobiliarios que buscan desplazar a las familias para comercializar los predios, dada la alta plusvalía de la zona. Aunque no hay una postura oficial de las contrapartes, los afectados señalaron la urgencia de investigar a particulares vinculados a estos procesos.
Ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos, el Comité solicitó la intervención urgente del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y de las autoridades estatales. La petición es clara: establecer una mesa de diálogo y suspender cualquier orden de desalojo hasta que se regularice la situación patrimonial de la colonia.
Cabañas concluyó con una advertencia para las autoridades de los tres niveles de gobierno: de no atenderse el conflicto de fondo, Playa del Carmen podría enfrentar nuevos episodios de inestabilidad que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía.
