Claves de la noticia:
- Delegados de Kantunilkín: Subdelegados denuncian que los 2 mil pesos otorgados anteriormente no cubren ni el gasto de bebidas para comunidades de 300 familias.
- Exigencia de 10 mil pesos: Las autoridades rurales establecen un tope mínimo de financiamiento para poder ofrecer un festejo digno a niños y madres.
- Pliego de incumplimientos: La protesta en el Palacio Municipal incluye el reclamo por obras públicas y compromisos de campaña que siguen en el papel.
KANTUNILKÍN QR.- Con una asignación que apenas alcanza los siete pesos por familia, el Ayuntamiento de Kantunilkín pretende que sus comunidades rurales organicen los festejos del Día del Niño y de las Madres, cifra que 25 delegados y subdelegados calificaron de “insultante” y “humillante”.
Tras acudir al Palacio Municipal para denunciar el abandono oficial y el incumplimiento de obras públicas, los representantes comunitarios lanzaron un ultimátum a las autoridades locales: o se garantiza un presupuesto digno de al menos 10 mil pesos por localidad, o el gobierno municipal seguirá profundizando la brecha de desigualdad que mantiene en el olvido a las zonas rurales de Lázaro Cárdenas.
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El mensaje fue contundente: las comunidades del municipio de Lázaro Cárdenas no pueden seguir funcionando con “migajas” mientras los compromisos de infraestructura y servicios básicos permanecen en el olvido.
El costo de la indiferencia: 7 pesos por familia
El punto más crítico de la denuncia surgió al abordar la organización de las festividades del Día del Niño y el Día de las Madres. Josué Nehemías May Cauich, subdelegado de la comunidad de El Tintal, destapó la precariedad con la que el Ayuntamiento pretende que operen las autoridades locales.
Según May Cauich, en ocasiones anteriores el respaldo económico ha sido de apenas 2 mil pesos. Para una población como la suya, que alberga a unas 300 familias, esta cifra resulta matemáticamente imposible de ejecutar con dignidad. “No alcanza ni para los refrescos”, señaló con firmeza, evidenciando que el apoyo oficial se traduce en menos de 7 pesos por familia.
“Sabemos que la situación es difícil, pero entregar 2 mil pesos para un festejo comunitario es una falta de respeto a la gente. Estamos solicitando un mínimo de 10 mil pesos. Sigue siendo limitado, pero nos permite al menos ofrecer un platillo de comida y buscar, por nuestra cuenta, el resto con el apoyo de comerciantes locales”, explicó el subdelegado.
Más allá de los festejos: El peso de las promesas incumplidas
Aunque la urgencia inmediata son los eventos de abril y mayo, el trasfondo de la movilización es la falta de obra pública. Los delegados recordaron que su presencia en el Palacio Municipal no es casualidad, sino el resultado de meses de espera por compromisos pactados que no han sido ejecutados.
Desde la mejora de caminos sacacosechas hasta el alumbrado público y el abastecimiento de agua, las comunidades rurales sienten que han sido relegadas a un segundo plano una vez concluidos los procesos electorales. La exigencia de los 10 mil pesos para los festejos es vista por los líderes como un “gesto mínimo de voluntad política” dentro de una deuda mucho mayor.
La autogestión como escudo ante el olvido
La postura de los delegados no es de simple petición, sino de una exigencia de corresponsabilidad. Han dejado claro que están dispuestos a gestionar apoyos adicionales con la iniciativa privada de sus propias localidades para “completar” los gastos, pero consideran que el Ayuntamiento debe garantizar un piso financiero básico que no humille a los ciudadanos.
Esta alianza de 25 delegados representa un frente unido que busca cambiar la dinámica de “atención por goteo” que ha imperado en la administración actual. Para ellos, la convivencia social en el Día del Niño y de las Madres es un derecho de identidad comunitaria que el gobierno municipal está obligado a respaldar de manera seria.
Un ultimátum por la justicia rural
La visita de los representantes de las comunidades deja la pelota en la cancha de las autoridades municipales. La demanda es clara: una actualización inmediata de los apoyos económicos y un calendario real para el cumplimiento de las obras pendientes.
En las zonas rurales de Kantunilkín, la paciencia se agota. Los delegados advirtieron que seguirán vigilantes y firmes en su postura de no aceptar presupuestos que ignoren la realidad poblacional de sus delegaciones, pues la dignidad de sus familias no tiene precio, pero sí requiere de recursos justos para sostenerse.
