CHETUMAL, QR.- Debido a que está lejana la solución del conflicto limítrofe ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el doctor en Geografía Ignacio Alonso Velasco, propone una cooperación mutua entre estados y municipios para atender los rezagos y las necesidades de las comunidades asentadas en la zona en litigio.
Alonso Velasco propuso esta alternativa a través de su libro “Gobernanza e inteligencia territorial para resolver los conflictos limítrofes”, que fue presentado en el Congreso del Estado.
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Destacó que la vía jurídica no siempre es la adecuada para dar solución al problema del conflicto limítrofe, por lo que hay que buscar opciones, ya que independientemente del espacio físico, en el caso de Quintana Roo se afecta a cerca de 70 mil habitantes asentados en 108 comunidades fronterizas.
Mencionó que el conflicto limítrofe por alrededor de 10 mil kilómetros cuadrados es un tema que quedó resuelto hace más de 100 años, en 1921, entre los tres estados, cuando se estableció el Punto de Unión Territorial, denominado punto PUT.
Aunque, indicó, que no se respetaron los decretos respectivos, lo que derivó en la creación del municipio de Calakmul, y como consecuencia una controversia constitucional a finales del siglo pasado. Actualmente hay nueve diferentes ubicaciones o coordenadas del Punto PUT. El que se establece en la Constitución de Quintana Roo es 19°39’07’’ longitud norte y 89°24’52’’ longitud oeste.
De acuerdo con ponente los municipios fronterizos perjudicados con el pleito legal con Campeche y Yucatán son, principalmente: Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.
De resolver la corte a favor de Campeche y Yucatán, hasta la cabecera municipal del municipio de José María Morelos ya no pertenecerá a Quintana Roo. En Felipe Carrillo Puerto, comunidades como Dziuché, Tepich y Tihosuco pertenecerán a Yucatán.
Pobreza en la zona del conflicto limítrofe
Con base en estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) y del Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social, aseguró que la zona del conflicto limítrofe está en condiciones de pobreza, pobreza extrema, alta marginación y muy alta marginación.
Lo anterior, puntualizó, es el verdadero problema de la indefinición territorial. Es decir, el litigio ha provocado que los estados en controversia no atiendan de manera adecuada las necesidades de la población asentada en las comunidades.
El también catedrático de la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uqroo) indicó que elaboró encuestas a los habitantes de las comunidades fronterizas con Campeche, y los resultados fueron los siguientes:
- Una tercera parte considera que vive en Quintana Roo, una tercera parte señala que vive en Campeche y una tercera parte que está viviendo en los dos estados.
- Más del 50 respondió que el Estado de Campeche es el que les brinda mayor atención.
- Más del 50 por ciento respondió que quiere pertenecer a Quintana Roo.
Para el escritor, aunque es un tema territorial, el interés real son los recursos de la región, como vestigios arqueológicos y la riqueza natural. En esta zona se encuentran las mejores tierras de la Península de Yucatán, además áreas naturales protegidas como la Laguna de Chichancanab y la Reserva de la Biósfera de Calakmul.
Desde su punto de vista la mejor forma de resolver y atender el conflicto limítrofe es la vía cooperativa entre estados y municipios, con el objetivo de impulsar el desarrollo de las comunidades.
Opinó que la vía jurídica no es la que puede terminar con el conflicto, pues es evidente que la SCJN no ha querido solucionar el problema.
Hace dos años, recordó, el máximo tribunal del país resolvió una controversia de límites entre Oaxaca y Chiapas. El problema fue que el estado chiapaneco creo un municipio en territorio oaxaqueño y lo disolvió, pero al día siguiente de la sentencia los habitantes iniciaron un movimiento armado para exigir su pertenencia a Chiapas y el conflicto legal reinició.
La creación del municipio de Nicolás Bravo tampoco resolverá la situación legal del territorio en disputa, toda vez que de inicio no se reúne con el criterio del número de población, pues la Constitución de Quintana Roo exige que la cabecera municipal tenga un mínimo de 10 mil habitantes y que todo el territorio municipal cuente con al menos 30 mil habitantes.
Por las razones expuestas es que se planteó la vía cooperativa, señaló, para que los municipios y los estados puedan trabajar en los problemas comunes de la zona como un nuevo esquema de gobernanza, que es la premisa que propone en su libro.
Explicó para que se pueda lograr entre entidades es necesario establecer a través de los congresos de los estados el esquema, no basta con que lo pretendan los ayuntamientos. Esto significará mayor cobertura de atención de los servicios públicos, desarrollo social, economía y recursos naturales.
“El nuevo esquema de gobernanza comprende el bien común, la participación social, el interés general y una visión geográfica compartida y sostenible”, expresó.
Agregó que su propuesta incluye un modelo multifactor (actores e involucrados) y multinivel, que comprende a los tres niveles de Gobierno, que considera una evaluación constante e incluyente, como alternativa a un conflicto legal que se vislumbra lejano.
Conflicto limítrofe no sólo es tema territorial
La diputada Cinthya Millán Estrella consideró que el libro presentado arroja una propuesta interesante, desde el punto de vista de investigación docente, pero que pueden tomarse en cuenta para encontrar una solución definitiva de la controversia constitucional con Campeche y Yucatán.
La también presidenta de la Comisión de la Defensa de la Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos de la XVII Legislatura, enfatizó que más allá de un tema de territorio el pleito legal es un asunto social que no permite el desarrollo de las comunidades y que mantienen a muchas en pobreza extrema.
Millán Estrella destacó que los problemas son graves, pues no cuentan con agua potable, energía eléctrica, condiciones de salud, viviendas dignas e infraestructura urbana, vulnerando derechos humanos.
Mencionó que escuchar medios alternativos de solución requiere de mucha voluntad política, “ahí tenemos una traba, que merece ser tomada en cuenta para satisfacer las necesidades de los habitantes asentados en las comunidades limítrofes”, indicó.
Recalcó que el tema territorial necesariamente tendrá que pasar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque constitucionalmente así está establecido.
La congresista recordó que actualmente en el Congreso del Estado se analiza un exhorto para pedir a la SCJN una resolución prioritaria al tema de límites con los otros dos estados de la Península de Yucatán.
A la par se trabaja en otro exhorto para el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión, para que se modifiquen las reglas de los programas de inversión y se puedan realizar acciones de servicios y obra pública para las comunidades asentadas en la zona del conflicto limítrofe.
Antonio López Hernández, presidente del Comité de Gestión de la Zona Limítrofe con Campeche, coincidió en que el mayor problema mayor de este conflicto limítrofe es la marginación y pobreza de los habitantes.
Manifestó que los pobladores de las 33 comunidades fronterizas con Campeche ya están hartos de una indefinición y de que sean los más perjudicados con la controversia constitucional.
Mencionó que han tratado de concretar acuerdos con el Gobierno del Estado y las autoridades municipales para atención prioritaria, pues forman parte de Quintana Roo, no obstante, lo poco que han logrado ha sido a través de amparos y manifestaciones.
“Exigimos a nuestros gobiernos estatal y municipal apoyo para combatir la marginación y pobreza de los habitantes de los poblados asentados en el área en conflicto”, concluyó.
La primera Controversia Constitucional fue la 997 del año 1997, promovida por Quintana Roo por la creación del municipio de Calakmul. Después, el Estado interpuso la mil 397 contra Yucatán. Las dos fueron archivadas en 2013 por la SCJN y se dieron por concluidas sin sentencia.
Actualmente la Controversia Constitucional vigente fue la promovida por Yucatán en contra de Quintana Roo, con número de expediente 2026/2019, luego que el Gobierno del Estado publicó un mapa en el Periódico Oficial del Estado con los límites plasmados en la Constitución de la entidad. En este pleito legal, Campeche ingresó como tercero interesado.
