CHETUMAL, QR.– En la sede del Poder Legislativo del Estado, 24 colectivos sociales representados en la organización no gubernamental Política Colectiva entregaron un documento que propone una nueva Ley de Participación Ciudadana para Quintana Roo. Esta reforma busca establecer audiencias públicas accesibles, aumentar el presupuesto participativo y ofrecer herramientas reales para frenar la depredación inmobiliaria.
“Queremos incidir en una política participativa en el estado de Quintana Roo. Por eso, hoy, haciendo uso del mecanismo de iniciativa ciudadana, presentamos una propuesta que permitirá contar con una nueva y mejor Ley de Participación Ciudadana”, declaró Jorge Salazar, uno de los representantes del colectivo Quintana Roo Participa.
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Colectivos sociales reactivan iniciativa ignorada en 2022
Los colectivos sociales señalaron que esta propuesta incrementa de 8 a 15 los mecanismos de participación ciudadana previstos en la ley actual. Entre las propuestas se encuentra reducir los porcentajes requeridos para plebiscitos y referéndums, del 3 % al 0.5 %, lo que implicaría que, en lugar de requerir 45 mil firmas, solo se necesiten 744. También se contempla la participación activa de las infancias.
Agregaron que esta reforma permitiría a la ciudadanía monitorear la creación de leyes y acercarse a sus representantes para ejercer la democracia de manera efectiva.
“La iniciativa no surgió de la nada; es resultado de un análisis de las legislaciones en materia de participación ciudadana a nivel nacional. Estamos proponiendo las mejores prácticas con los 15 mecanismos que presentamos hoy”, expresó Pamela Pérez Gómez, de Política Colectiva.
Como ejemplo, mencionó las audiencias públicas, que podrían solicitarse con solo 50 firmas ciudadanas a nivel municipal, para que el funcionario correspondiente escuche propuestas de mejora. A nivel estatal, se requerirían 200 firmas para convocar a funcionarios de primer nivel.
Otro punto destacado es el presupuesto participativo, que según la propuesta debe democratizarse: el 5% del presupuesto de libre disposición de cada municipio sería destinado a proyectos ciudadanos, detalló Pérez Gómez.
Finalmente, los colectivos sociales solicitaron el respaldo de la ciudadanía para impulsar esta reforma, la cual fue presentada en 2022, pero no fue atendida por la legislatura anterior. Esta vez, afirmaron, no bajarán la guardia.
