Claves de la noticia:
• Atlas de riesgo en Chiquilá: El excomisariado ejidal Ignacio Cáceres Correa denunció la falta de transparencia en documento y el anexo San Ángel.
• Falta de transparencia: La elaboración del atlas tuvo un costo aproximado de 4 millones de pesos, cifra que los ejidatarios califican como un gasto innecesario.
• Exclusión: Los dueños de las tierras señalan la exclusión de mesas de trabajo y la nula socialización de los riesgos detectados por la autoridad.
CHIQUILÁ QR.- La falta de transparencia en el atlas de riesgo en Chiquilá ha generado una inversión de 4 millones de pesos que, según denunció el expresidente del comisariado ejidal Ignacio Cáceres Correa, no ha beneficiado a los hombres del campo ni a los legítimos dueños de la tierra.
La falta de acceso a la información técnica pone en incertidumbre el patrimonio de los habitantes del anexo San Ángel, en el municipio de Lázaro Cárdenas.
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Esta situación ha escalado entre la base ejidal, debido a que el documento —proyectado para salvaguardar la integridad física y material de la zona— fue elaborado bajo una opacidad administrativa que impide conocer cuáles son las áreas de peligro real.
Para los comuneros, el hecho de que una herramienta de seguridad civil sea tratada como información reservada representa un riesgo mayor que los fenómenos naturales mismos.
¿Por qué hay falta de transparencia en el atlas de riesgo en Chiquilá?
La principal molestia de los ejidatarios de San Ángel en Quintana Roo radica en que la elaboración del documento se realizó desde la administración pasada sin integrar a la comunidad.
Según Cáceres Correa, el proceso omitió la creación de mesas de trabajo y espacios de análisis donde los habitantes pudieran aportar sus conocimientos sobre el territorio o, al menos, ser informados sobre las restricciones de uso de suelo que este atlas podría imponer.
La falta de socialización implica que los actuales comisariados ejidales carecen de copias del documento, lo que limita su capacidad de respuesta ante gestiones legales o proyectos de desarrollo.
El exdirigente subrayó que un atlas de riesgo que no es conocido por quienes habitan el riesgo, carece de utilidad práctica y se convierte en un simple trámite burocrático de alto costo.
El impacto del costo del atlas de riesgo en Lázaro Cárdenas
El factor económico es otro de los puntos de fricción. El costo del atlas de riesgo en Lázaro Cárdenas, estimado en 4 millones de pesos, es considerado por la disidencia ejidal como “dinero tirado a la basura”.
Esta cifra, aseguran, es desproporcionada frente a los resultados tangibles en la comunidad, donde no se han visto mejoras en infraestructura de protección civil o planes de evacuación derivados de dicho estudio.
“La elaboración del atlas de riesgo se realizó de manera conveniente para algunos sectores, sin socializar sus alcances ni explicar con claridad los beneficios para la comunidad, lo que ha generado inconformidad.”
— Ignacio Cáceres Correa, ex presidente del comisariado ejidal de Chiquilá.
La denuncia apunta a que la información contenida en el atlas podría estar siendo utilizada para beneficiar intereses específicos, permitiendo o negando el uso de suelo según conveniencia política o empresarial, mientras que el campesino promedio desconoce si su predio está ubicado en una zona inundable o de conservación.
¿Qué sigue para los ejidatarios y el uso de las tierras en Chiquilá?
Ante el hermetismo gubernamental, los ejidatarios exigen que el documento sea entregado de manera formal a la asamblea ejidal.
La preocupación radica en que, sin esta información, la toma de decisiones informadas sobre el destino de las tierras se vuelve imposible, dejando a los pobladores vulnerables ante posibles expropiaciones o limitaciones legales impuestas por el atlas.
La comunidad no descarta solicitar una auditoría sobre el ejercicio de los recursos destinados a este proyecto, buscando que la seguridad civil de Chiquilá y San Ángel deje de ser un secreto de oficina y se convierta en una herramienta de protección real para el estado.
