CANCÚN, QR.- Cancún.- El Juzgado Octavo de Distrito avaló la cancelación de la concesión otorgada a Aguakan para operar el servicio de agua potable y alcantarillado en cuatro municipios de Quintana Roo, al perder el juicio de amparo interpuesto por la empresa en el 2023.
El fallo, firmado por el juez Mario Fernando Gallegos León, dentro del amparo indirecto 1323/2023 promovido por Desarrollos Hidráulicos de Cancún, da luz verde al Decreto 195, aprobado por la XVII Legislatura, que ordena el retiro definitivo de la concesión en Playa del Carmen, Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos e Isla Mujeres.
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El juez determinó que la concesión no podía ser prorrogada antes de su vencimiento original, que estaba previsto para el 31 de diciembre de 2023, desechando así la validez del Decreto 250 de 2014, que intentó extenderla de forma anticipada.
La concesionaria tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar el recurso de revisión y llevarlo a una segunda instancia, que sería el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, o incluso, promover una atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La empresa ya había presentado un recurso de queja inmediatamente en la audiencia constitucional del 26 de marzo, la cual no suspendió el procedimiento de emisión de la sentencia, que fue dictada el día de ayer.
En el análisis de los agravios presentados por la defensa de Aguakan y plasmados en la sentencia de amparo, el juez federal determinó no otorgar el recurso debido a diversas violaciones realizadas por la empresa, concluyendo que Aguakan no tenía derechos adquiridos por la prórroga de concesión.
En la sentencia, el juez dictó que al no quedar probada la ilegalidad del decreto del Congreso del Estado combatido, se sobresee el juicio de amparo.
Amparo de Aguakan, de 2023
En diciembre de 2023, el Congreso del Estado aprobó el retiro anticipado de la concesión del suministro del agua potable pactado hasta 2053 en Playa del Carmen, Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
Inmediatamente la empresa Aguakan presentó una demanda de amparo que la benefició con una suspensión provisional mientras se resolvía el juicio.
En enero del año pasado, la empresa ganó la suspensión definitiva, a la par que promovió diversos recursos para alargar el proceso.
El Gobierno de Quintana Roo acusó de un presunto fraude procesal a la empresa; de manera paralela, socios y directivos de la empresa promovieron amparos contra órdenes de detención y acusaron al Gobierno de emprender una “persecución jurídica”.
