CANCÚN, QR.- El Gobierno del Estado no ha buscado ni buscará a ninguna empresa privada para hacerse cargo del servicio de agua potable y alcantarillado, una vez que se revoque la concesión de Aguakan, afirmó Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo.
Entrevistada durante el banderazo de inicio de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas, la mandataria estatal informó que están en diálogo con la Federación y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para esta eventual transición.
También te puede interesar: La Gran Escapada logra ventas récord en su primera edición
Banobras analiza asumir funciones tras retiro de Aguakan
“No habrá empresa; no estamos buscando una empresa ni se ha buscado nunca. Estamos en pláticas y colaboración con el Gobierno Federal, por conducto de Banobras”, expresó. Reiteró que buscan los mecanismos para no depender de una empresa privada y realizar la transición hacia un organismo público que asuma el servicio actualmente a cargo de Aguakan.
“Estamos trabajando con el Gobierno Federal para que sea un organismo público el que brinde el servicio; en eso estamos, para tomar la mejor decisión en beneficio de la ciudadanía”, agregó. Cuestionada sobre la posibilidad de que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) se haga cargo del servicio, indicó que esa es una de las opciones que están revisando.
“El objetivo es lo que pide la gente, pero lo subrayo: no hemos buscado ninguna empresa privada, ni la vamos a buscar”, afirmó.
La gobernadora evitó ofrecer más detalles sobre el tema, debido al litigio que mantienen con la empresa concesionaria, pero aseguró que cuentan con el respaldo del Gobierno Federal para encontrar la mejor solución.
Cabe recordar que fue el pasado 14 de abril cuando el Juzgado Octavo de Distrito validó la cancelación definitiva de la concesión otorgada a Aguakan para operar el servicio de agua potable y alcantarillado en cuatro municipios.
Esta sentencia marcó el cierre de la primera instancia del juicio de amparo que sostiene el Gobierno del Estado con dicha empresa.
