CHETUMAL, QR.- El 78.1 por ciento de los ingresos totales de Quintana Roo del 2023 provienen del Gobierno de México, lo que no permite una mejor atención de las necesidades de sus habitantes, de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La dependencia de ingresos emanados de la Federación, el estancamiento o la insuficiencia recaudatoria de ingresos propios limita a los estados a proveer bienes y servicios de calidad, tener disponibilidad de recursos para los sectores más vulnerables de la población y enfrentar choques externos o complicaciones económicas.
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Aunque Quintana Roo figura entre los estados que menos dependen del presupuesto federal, sus ingresos propios sólo representan el 21.3 por ciento. El 78.1 por ciento es ingreso federal, mientras que el .6 por ciento, vía financiamiento.
La Ley de Ingresos de Quintana Roo aprobada en diciembre pasado por la XVII Legislatura establece una cantidad de 41 mil 816 millones 634 mil 214 pesos.
El 78.1 por ciento que recibe Quintana Roo de la Federación equivale a 32 mil 658 millones 791 mil 321 pesos.
La entidad con mayor ingreso propio es la Ciudad de México, con 44.7 por ciento, en tanto que la de menor ingreso propio es Guerrero, con el 2.4 por ciento.
En Quintana Roo la mayor proporción de ingresos propios proviene de impuestos y derechos, con el 74 y 22 por ciento, respectivamente.
Gestión de ingresos opaca
El estudio también destaca que la gestión de ingresos que reciben los estados del Gobierno de México tiende a ser opaca, pues todavía 28 estados no han podido comprobar el debido uso de recursos del 2021.
Entre estos estados está Quintana Roo, pues de este ejercicio fiscal la entidad aún no justifica 510.9 millones de pesos.
Ante la dependencia económica existente el IMCO propone: Revisar y reformar la Ley de Coordinación Fiscal e impulsar una Ley General de Gasto Federalizado; actualizar el marco jurídico en cada entidad federativa con respecto a sus facultades impositivas; reformar las leyes de compras y contrataciones gubernamentales; capacitar a las instituciones encargadas de llevar a cabo la recaudación estatal e implementar sistemas catastrales actualizados y digitalizados para mejorar la recaudación del impuesto predial.
