CHETUMAL, QR.– La presidenta del Consejo Ciudadano de Chetumal A.C., Georgina Marzuca Fuentes, enfatizó que la reinstalación de Andrés Quintana Roo, en la plazoleta del Congreso del Estado, no debe considerarse una celebración, sino un motivo de reflexión.
Subrayó la importancia de reflexionar sobre una herida que afectó la identidad, el patrimonio histórico y cultural de Quintana Roo.
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Más de 20 agrupaciones apoyan reinstalación de Andrés Quintana Roo
Recordó que en mayo de 2024 la XVII Legislatura decidió retirar la estatua de Don Andrés Quintana Roo y el asta bandera, argumentando la construcción de una cafetería para los trabajadores del Congreso del Estado.
“Lo que no se entendió en ese momento es que no solo se movieron símbolos de piedra y metal, sino que se lastimó la esencia del pueblo y se vulneró el legado histórico y cultural”, destacó.
Señaló que este acto representa un logro de la sociedad, pues más de 20 agrupaciones civiles participaron en la protesta que hoy se concreta, aunque el daño patrimonial fue evidente.
Añadió que fue necesario emprender acciones legales ante la negativa de la XVII Legislatura de resarcir el daño. Este logro también demuestra que los ciudadanos pueden y deben participar en la toma de decisiones. “Cuando la sociedad participa y las autoridades escuchan, se pueden lograr buenos resultados”, resaltó.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Jorge Sanén Cervantes, reconoció el esfuerzo de las asociaciones civiles, especialmente del Consejo Ciudadano de Chetumal, aunque subrayó que fue un trabajo colectivo con la legislatura.
Reinstalación de Andrés Quintana Roo genera reflexión sobre patrimonio histórico
La estatua de Don Andrés Quintana Roo y el asta bandera fueron retiradas de la plazoleta del Congreso del Estado en mayo de 2024.
Pasaron más de 15 meses para su reinstalación, siendo necesarios 11 amparos, de los cuales más del 50% se resolvieron a favor de las asociaciones civiles.
En el acto protocolario estuvieron presentes la secretaria de Gobierno, María Cristina Torres Gómez; representantes de asociaciones civiles; y otras autoridades civiles y militares.
