CHETUMAL, QR.- Para fortalecer las acciones de procuración de justicia, la XVII Legislatura aprobó cuatro fiscalías más para Quintana Roo, con un impacto presupuestal aproximado de 333 millones de pesos.
Fue en Pleno del Congreso del Estado y por votación unánime que se avaló estos organismos como parte de las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y las nuevas fiscalías especializadas.
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El diputado y presidente de la Comisión de Justica, Hugo Alday Nieto, detalló que las cuatro fiscalías, que dependerán de la Fiscalía General del Estado (FGE) son:
-Especializada en Combate a los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
-Especializada en Combate a los Delitos Ambientales, Fauna y Desarrollo Urbano
-Especializada en Combate a los Delitos de Trata de Niños, Niñas y Adolescentes
-Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Adolescentes
La FGE ya cuenta con más fiscalías.
El congresista señaló que a la par de las reformas también se envió el impacto presupuestal que asciende a 333 millones de pesos, mismo que se considerará para el Ejercicio Fiscal 2024.
Dejó en claro que este presupuesto es solamente para operar las cuatro fiscalías, y es independiente al recurso que solicite la FGE para atender las necesidades del órgano autónomo el próximo año.
La petición de recursos para atender el rezago de 334 mil expedientes que tiene la Fiscalía General del Estado, el tema aún se tiene que revisar y la ampliación presupuestal para ello no ha llegado a la Legislatura.
También dentro de las modificaciones a la Ley se incluye un Consejo de Ministerios Públicos, en el que participan las fiscalías de las tres zonas (norte, centro y sur) para desahogar los temas de manera conjunta, para evitar cuellos de botella.
Ahora todas las fiscalías especializadas van a poder judicializar sus carpetas, lo que antes no se podía. Se prevé que comiencen su operación el próximo año, una vez que se asigne el presupuesto.
Con estas modificaciones se exigirán al fiscal Raciel López Salazar avances en el rezago de expedientes y en la judicialización, que apenas alcanza el uno por ciento con sentencias condenatorias.
Aunque la FGE es un órgano autónomo, tanto el Gobierno del Estado como el Poder Legislativo están cumpliendo con la parte que les corresponde, ya que la iniciativa de reforma fue propuesta por el Ejecutivo Estatal y aprobada por la XVII Legislatura para fortalecer su estructura orgánica.
“De todo el sistema de justica del Estado, que inicia con la prevención del delito hasta la imparticion de justicia, es en la Fiscalía en la que se tiene el mayor problema, concluyó el diputado”.
