CHETUMAL, QR.- El Órgano Interno de Control del Poder Legislativo estima que las investigaciones de los casos de acoso laboral y sexual detectados en el Congreso del Estado se pueden prolongar hasta por un año.
Aunque inicialmente se habían informado de cinco casos, el titular del Órgano Interno de Control, Luis Jorge Mézquita Altamirano, confirmó que se trata de cuatro: dos por acoso laboral y dos por acoso sexual.
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Aseguró que como parte del proceso de atención e investigación de los hechos denunciados, se han emitido tres órdenes de protección a favor de las presuntas víctimas, sustentadas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Protocolo de Atención.
Órdenes de protección contra acoso
Las órdenes de protección son acciones de cuidado institucional para salvaguardar la integridad física, emocional y laboral de la presunta víctima de acoso.
De acuerdo con el funcionario, en la normatividad vigente no hay un plazo establecido para concluir con la investigación y aplicar la sanción, en su caso.
“Se pueden prolongar seis meses o un año, por los temas de investigación que son los más tardados”, enfatizó.
Las sanciones de acuerdo con el Código de Ética, por no ser considerados los casos de acoso como graves, van desde una amonestación privada hasta la inhabilitación por no más de un año.
Todo depende de la investigación y las conductas acreditadas, pero además en caso de que el hecho sea presuntamente constitutivo de delito, dicho órgano tiene la obligación de dar vista a las autoridades correspondientes, para el proceso legal respectivo.
Los casos se hicieron de conocimiento público a fines del mes de septiembre y en su momento el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Humberto Aldana, reveló que al menos dos funcionarios fueron separados de su cargo derivado de las denuncias.
También destacó que pese a que se estaban atendiendo los hechos, el Poder Legislativo no contaba con un protocolo de atención a la violencia contra las féminas, aunque fue el pasado 4 de octubre se aprobó el Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia Laboral contra las Mujeres.
Este reglamento establece que el Órgano Interno de Control será la autoridad responsable de llevar el proceso administrativo, fungirá como autoridad sustanciadora y en caso de faltas no graves, será también resolutora.
En caso de las faltas graves corresponderá al Tribunal de Justicia Administrativa determinar la sanción de acuerdo a la normatividad vigente.
La unidad de Igualdad de Género del Congreso del Estado será la autoridad responsable del primer contacto con la víctima, a quien deberá dar la orientación precisa y libre de prejuicios.
