CHETUMAL, QRoo.- Legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), buscan sancionar económicamente a las personas que causen contaminación ambiental, tirando basura en las calles de Quintana Roo.
Se trata de una iniciativa de decreto con el principio de “quien contamine, paga”, propuesta por las diputadas Judith Rodríguez Villanueva y Tyara Schleske de Ariño; y los legisladores Gustavo Miranda García y José de la Peña Ruiz de Chávez; todos ellos, integrantes del PVEM en la XVI Legislatura.
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Lo que buscan es reformar el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el cual señala que las personas tienen derecho a “gozar individual y colectivamente de un medioambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como el deber de conservarlo en beneficio de las generaciones presentes y futuras”.
Sin embargo, la Constitución estatal no refiere nada sobre sanciones para las personas que contaminen tirando basura, por lo que esta reforma busca responsabilidades, obligaciones y sanciones para que los causantes de daño ambiental en Quintana Roo reparen el daño causado al ecosistema.
Aunque por el momento sólo es una iniciativa de decreto, debe ser analizada en las respectivas comisiones, para posteriormente, ser sometida a votación.
La XVI Legislatura anunció a través de su cuenta de Twitter la lectura de esta iniciativa de decreto, la cual busca reformar el quinto párrafo del artículo 31.
#SesiónOrdinaria Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo
🔴#EnVivohttps://t.co/oS5nJEvwuN pic.twitter.com/Vv9eVmhbTu— Congreso del Estado de Quintana Roo (@CongresoQRoo) November 18, 2020
En los detalles de la iniciativa, se incluye homologar el sistema de justicia ambiental, para cumplir con la obligación de tutela de los derechos humanos y protección de las víctimas ambientales.
En redes sociales, son constantes las quejas de los quintanarroenses sobre la basura en las playas y en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), sin que, hasta el momento, existan sanciones económicas para los responsables.
