CHETUMAL, QR.- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo se declaró lista para tomar el control de los servicios de agua potable y alcantarillado en los municipios de la zona norte del estado, una vez que concluyan los procesos legales para el retiro de la concesión otorgada a Aguakan en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen.
El anuncio fue realizado por el director general del organismo, Hugo Federico Garza Sáenz, durante su comparecencia ante la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, donde aseguró que la CAPA cuenta con la capacidad técnica, operativa y humana necesaria para asumir de forma inmediata la administración del sistema cuando se concrete la terminación del contrato.
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Garza Sáenz explicó que la comisión mantiene presencia en los cuatro municipios concesionados a través de sus delegaciones, las cuales actualmente supervisan el desempeño de la empresa Aguakan y verifican el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el título de concesión.
“Tenemos información completa sobre la operación, cobertura y estado de la infraestructura. Sabemos exactamente dónde están las deficiencias y qué acciones deben emprenderse para garantizar un servicio eficiente”, expresó ante legisladores.
CAPA integrará al personal de Aguakan
El funcionario añadió que, en caso de asumir la operación, no se contempla despedir al personal operativo de Aguakan, sino aprovechar su experiencia en el manejo de plantas, cárcamos y redes de distribución.
“Hay gente con mucha experiencia que conoce el sistema. La idea es integrarlos al trabajo de CAPA y respaldarlos para que sigan aportando su conocimiento”, detalló.
Durante su exposición, Garza Sáenz reiteró que la dependencia estatal ha trabajado en un proceso de capacitación y diagnóstico operativo durante los últimos años, lo que permite estar preparada para una eventual transición del servicio.
“No improvisamos. Desde hace tiempo se realiza un análisis técnico y jurídico profundo sobre las condiciones en las que opera la concesionaria. Por eso podemos afirmar que la CAPA está en condiciones de asumir el control en cuanto lo determine la ley”, señaló.
El funcionario destacó que la comisión ha identificado los principales retos en materia de infraestructura, distribución y tratamiento de aguas residuales en los municipios donde opera Aguakan, así como los puntos críticos que generan inconformidades entre los usuarios. “Sabemos dónde están los problemas y tenemos estrategias para enfrentarlos. Hemos trabajado con base en datos técnicos y en una supervisión constante de campo”, aseguró.
Cuestionado por los diputados Ricardo Velasco y Andrea González, de Morena, sobre el estado que guardan los litigios para recuperar la concesión, Garza Sáenz se reservó los detalles, al argumentar que los procedimientos legales requieren discreción mientras se encuentran en curso.
Explicó únicamente que los procesos se desarrollan en distintas vías, desde penal, civil, administrativa y de amparo y que, hasta el momento, todos avanzan de forma favorable para el Estado.
“Son procedimientos complejos y en distintas instancias, pero estamos confiados en que los resultados serán positivos. En su momento, cuando el marco legal lo permita, haremos del conocimiento público los avances y resoluciones”, expresó.
El director de CAPA subrayó que, aunque el tema genera gran interés público, la dependencia debe mantener reserva para no vulnerar las estrategias jurídicas.
“Hay sigilo procesal que debemos respetar. Eso no significa opacidad, sino responsabilidad con el debido proceso”, puntualizó.
Incumplimiento de obligaciones de Aguakan
Durante la sesión legislativa, el titular de CAPA informó también que la concesionaria Aguakan ha reprobado diversas auditorías de desempeño y cumplimiento en materia de cobertura, gestión y calidad del servicio. Explicó que la empresa ya fue notificada para una última evaluación, en la que deberá entregar información detallada sobre sus operaciones y planes de inversión.
Expuso que uno de los principales incumplimientos detectados es la falta de ejecución de las inversiones comprometidas en los planes quinquenales, especialmente en lo referente a la expansión del drenaje sanitario en Cancún.
Señaló que, ante la omisión de la concesionaria, el Ayuntamiento de Benito Juárez ha tenido que destinar recursos propios para cubrir obras que originalmente correspondían a la empresa.
“Es una situación que no debería ocurrir, porque el contrato obliga a Aguakan a invertir en la ampliación del servicio. Desde CAPA estamos impulsando los mecanismos administrativos necesarios para que la empresa asuma esas responsabilidades y realice las inversiones pendientes”, sostuvo.
El director de CAPA también hizo hincapié en las restricciones legales que enfrentan tanto el organismo estatal como la propia concesionaria para introducir servicios en asentamientos irregulares.
Mencionó que la ley impide invertir recursos públicos en zonas que no estén municipalizadas, lo cual ha frenado la ampliación del sistema de agua y drenaje en diversas colonias populares.
“Este es un problema estructural que afecta a todo el estado, no solo a Aguakan o a CAPA. Mientras las colonias no estén regularizadas, no se pueden usar recursos públicos para obras de infraestructura. Esto genera rezagos y desigualdad en el acceso a los servicios”, indicó.
Garza Sáenz refirió que se trabaja en coordinación con las autoridades municipales y estatales para avanzar en los procesos de regularización, a fin de que posteriormente se pueda dotar de agua potable y drenaje a esas comunidades.
Proyectos de infraestructura y prevención de inundaciones
Otro de los temas abordados durante la comparecencia fue el proyecto ejecutivo de drenaje pluvial para la ciudad de Chetumal, con el cual se busca atender de manera integral las inundaciones que afectan frecuentemente a la capital del estado.
El titular de la CAPA dijo que el estudio fue elaborado por la empresa Innovación y Estrategias para el Desarrollo, con una inversión de 7 millones 420 mil pesos, y abarca nueve puntos críticos de anegación en la ciudad.
Los resultados preliminares indican que será necesario construir cinco colectores pluviales en zonas estratégicas como el estadio Nachan Ka’an, la colonia Las Casitas, el fraccionamiento Arboledas, la avenida Maxuxac y la colonia Payo Obispo.
La ejecución de las obras requerirá una inversión estimada de más de 500 millones de pesos, y su finalidad será resolver un problema que se ha agravado por el crecimiento urbano y la obsolescencia del drenaje pluvial existente.
“Las zonas que hoy se inundan no son las mismas que se identificaban en el Atlas de Riesgo hace años. La ciudad ha cambiado, la topografía se ha modificado y eso obliga a actualizar la infraestructura hidráulica”, mencionó.
El funcionario destacó que este proyecto permitirá diseñar soluciones a largo plazo y planificar inversiones futuras con base en estudios técnicos sólidos.
Apoyo a usuarios y política de cobranza
Durante su informe, el titular de la CAPA precisó que en lo que va del actual gobierno no se ha embargado ninguna propiedad por adeudos con el organismo, aunque sí se han aplicado clausuras a usuarios comerciales morosos.
Señaló que, como parte de una política de apoyo a las familias y pequeños comercios, se han condonado 86 millones 324 mil pesos en deudas, multas y recargos a 3 mil 110 usuarios en los últimos tres años, siendo el municipio de Othón P. Blanco el que concentra dos tercios de los beneficiarios.
Reconoció que la cartera vencida de la CAPA sigue siendo considerable, ya que existen cuentas impagables con hasta una década de antigüedad. Por ello, aceptó la propuesta de los legisladores de crear una mesa de trabajo para analizar posibles reformas a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado, con el fin de actualizar los mecanismos de cobro y facilitar acuerdos con los usuarios.
