CHETUMAL, Q.R.– El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo otorgó amparo al grupo de organizaciones ciudadanas que lo solicitaron.
Debido al amparo, oficialmente se detienen las obras de construcción de una cafetería que modificaría la estructura original del recinto oficial del Congreso del Estado y provocó la destrucción de la plaza cívica, el asta bandera y el retiro de la estatua de Don Andrés Quintana Roo cuyo paradero y condiciones son desconocidas.
Lo que se considera un avance de la ciudadanía contra autoridades de la XVII Legislativa que actúan fuera de sus facultades y a espaldas de la sociedad, el Poder Judicial federal suspendió las obras mediante el amparo indirecto 587/2024-I-B del pasado nueve de julio.
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Tras suspender las obras notificó a las autoridades municipales y estatales involucradas a que presenten el 20 de agosto un informe justificado sobre acciones y permisos otorgados.
Las autoridades que fueron notificadas y emplazadas para presentar informe justificado son: el presidente de la Jugocopo, las y los diputados de la XVII Legislatura, la gobernadora del estado, el secretario de Educación, la titular del ICA, la presidenta municipal de OPB y el director de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de OPB.
Cerrazón al diálogo
La presidenta del Consejo Ciudadano de Chetumal, Georgina Marzuca Fuentes, expresó que ha habido cerrazón y falta de diálogo por parte de la XVII Legislatura, ya que las organizaciones ciudadanas solicitaron de la mejor manera y por los canales institucionales ser escuchadas, por lo que fueron citadas a una reunión, en la cual no hubo diálogo.
La diputada Jissel Castro Marcial únicamente les confirmó que la obra se iba a realizar y que costaría 14 millones de pesos, provenientes de recursos ahorrados. También reiteró que el autor de dicho proyecto es el diputado Humberto Aldana Navarro, entonces presidente de la Jugocopo.
Ante esta actitud que consideraron una burla y una simulación, las organizaciones ciudadanas decidieron presentar once recursos de amparo, de los cuales, cuatro fueron admitidos por el Juzgado Primero de Distrito, con lo que las obras automáticamente quedan suspendidas hasta que las autoridades involucradas presenten sus informes justificados y la autoridad judicial resuelva en consecuencia.
La diputada Jissel Castro les reiteró que la obra contaba con el permiso del Instituto para la Cultura y las Artes (ICA), lo cual fue desmentido posteriormente por la titular de este organismo, Lilián Villanueva Chan.
