CDMX.– La Fiscalía General de la República (FGR) intentará imputar a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, derivado del cobro de una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Para ello, María Amparo Casar fue citada a comparecer el próximo 16 de diciembre en una audiencia inicial ante la jueza Diana Selene Medina Hernández, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente (CJPF), de acuerdo con la investigación periodística del Proceso en la edición del 12 de diciembre.
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La audiencia se deriva de la judicialización de una carpeta de investigación iniciada por la FGR tras una denuncia presentada por Pemex, en la que la empresa productiva del Estado sostiene que la pensión post mortem fue obtenida de manera indebida. La investigación penal se encuentra actualmente en etapa de imputación.
FGR aclara que investigación contra María Amparo Casar fue judicializada en 2025
Tras la difusión del caso, la FGR precisó que la indagatoria en contra de María Amparo Casar no fue iniciada recientemente, sino que fue judicializada desde septiembre de 2025. En un comunicado, el órgano de procuración de justicia informó que el Ministerio Público Federal revisa la integración de la carpeta para verificar que el procedimiento se haya realizado conforme a derecho, detalla Infobae en la edición del 13 de diciembre.
La Fiscalía añadió que el caso se conducirá bajo el marco jurídico aplicable y negó que la investigación responda a motivaciones ajenas a la ley, luego de versiones que señalaron una actuación por consigna. El pronunciamiento se emitió tras señalamientos públicos de persecución política por parte de María Amparo Casar y de la organización que preside.

Hechos de 2004 que dieron origen al caso de María Amparo Casar
Los hechos que dieron origen al caso se remontan a 2004. Carlos Fernando Márquez Padilla, entonces esposo de María Amparo Casar, ingresó a Pemex el 1 de junio de ese año y falleció el 7 de octubre tras caer del piso 12 del edificio A de la sede central de la empresa. En ese momento, peritajes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal determinaron que se trató de un suicidio.
El 19 de octubre de 2004 se solicitó el pago de la pensión post mortem y, a partir de enero de 2005, María Amparo Casar comenzó a recibir la prestación. De acuerdo con la denuncia presentada por Pemex, además del seguro de vida y gastos funerarios, la familia recibió pagos mensuales derivados de la pensión durante varios años, señaló Proceso.
Según la petrolera, la familia Márquez Padilla Casar cobró más de 17 millones de pesos por seguros y prestaciones, además de una pensión mensual cercana a 130 mil pesos para María Amparo Casar y pagos adicionales para sus hijos hasta cumplir 25 años y concluir sus estudios. Pemex busca recuperar más de 31 millones de pesos que considera pagados de forma indebida.
En paralelo al proceso penal, el caso mantiene frentes abiertos en materias civil y administrativa. Tras la suspensión del pago de la pensión, María Amparo Casar promovió un juicio de amparo laboral, el cual fue sobreseído al considerar que cesaron los efectos del acto reclamado. Esa resolución se encuentra actualmente en revisión por un tribunal colegiado.















