CHETUMAL, QRoo.- Diputados coincidieron en señalar que el gobernador Carlos Joaquín violó la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y la Ley Orgánica del Poder Legislativo al desaparecer la Oficialía Mayor, toda vez que la aprobación o no de una dependencia estatal debe ser necesariamente a través del Congreso del Estado.
Ayer miércoles 8 de julio en el Periódico Oficial del Estado fue publicado un decreto del gobernador del estado en el que ordena la desaparición de la Oficialía Mayor y cuyas funciones serán asumidas por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a cargo de Yohanet Torres Muñoz.
También te puede interesar: Dio positivo a Covid-19, quedó en coma y su familia debe $150 mil
El decreto establece que la razón obedece a una simplificación administrativa, toda vez que en muchos de los procedimientos que realiza la Oficialía Mayor, que hasta ayer encabezaba Manuel Alamilla Ceballos, participa la Sefiplan.
En un primer punto del documento se establece que ahora las funciones de la Oficialía Mayor, creada a fines de 1960, serán asumidas por la Sefiplan y están contenidas en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Como segundo punto del decreto se indica que Torres Muñoz deberá recibir todo los asuntos, recursos materiales, financieros y humanos que tenía bajo su responsabilidad Alamilla Ceballos, ya que ahora forman parte de la Sefiplan y que también se garantice el debido funcionamiento de la administración pública.
En el tercer y cuarto punto se instruye a la Secretaría de Gobierno que en el ámbito de sus facultades realice las reformas de ley pertinentes al Congreso del Estado para ajustar los cambios que esta simplificación administrativa conlleva.
Al respecto el diputado Roberto Erales, de la Comisión de Puntos Legislativos del Congreso del Estado, señaló que Carlos Joaquín “se brincó las trancas” de la Ley Orgánica de la Administración Pública y del Poder Legislativo, ya que al gobernador le corresponde proponer, pero no aprobar este tipo de actos.
La Oficialía Mayor se encuentra contenida en las leyes del estado y sólo los diputados tienen la facultad de hacer modificaciones al respecto.
“Esto huele feo, huele a corrupción, además parece que busca tapar la corrupción y promover a su candidato (Manuel Alamilla); huele a protección”, agregó.
En el decreto no se explica qué pasará con los trabajadores, si bien hay una nómina. “Si esta acción se tratara de acabar con la corrupción de las dependencias como ha ocurrido en la Oficialía Mayor, entonces tendrían que desaparecer todas las dependencias empezando con la Secretaría de Salud y Educación, y todas aquellas que manejan obra pública”, consideró.
Esto puede dar pie a una serie de amparos, sin embargo difícilmente como XVI Legislatura se puede hacer algo pero hay un grupo de diputados que no hará nada, es decir los del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), de Movimiento Ciudadano (MC), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dos integrantes de Morena: Reyna Durán y Fernanda Trejo.
Comentó que parece que lo único que se quiere tapar son las irregularidades del candidato del hermano del gobernador, el ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
Por su parte el diputado Edgar Gasca Arceo comentó que Carlos Joaquín puede tener todas las intenciones de hacer cambios, pero no puede pasar por encima del Poder Legislativo y tampoco de las leyes en materia de administración pública.
Sin embargo cualquier cambio que intente hacer no exime de futuras responsabilidades administrativas que se le puedan detectar al hoy ex oficial mayor del Gobierno del Estado, Manuel Alamilla Ceballos.
Dejó en claro que “todo movimiento en este sentido tiene que pasar por el Congreso del Estado al ser la Oficialía Mayor parte de la administración pública y una de las más importantes, puede tener planes el gobernador pero no podrá hacerlo, además esto puede dar pie a una serie de amparos”.
Finalmente comentó que el decreto además es algo confuso, pero las leyes son claras en sus procesos y procedimientos, “así que a fuerzas tiene que pasar por manos del Poder Legislativo”, concluyó.
