David Acosta | R360
Al panista y contralor del Gobierno del Cambio en Quintana Roo, Rafael del Pozo Dergal, le llovió sobre mojado durante su comparecencia ante unos diputados que después de casi dos semanas de permanecer catatónicos ante los secretarios del gobernador Carlos Joaquín González, por fin se sacudieron la pereza y echaron abajo los presuntos avances y primeros lugares en transparencia, anticorrupción y buenas prácticas implementadas por la primera administración de transición en la historia del estado.
Los legisladores Roberto Erales Jiménez y Edgar Gasca Arceo encabezaron los fuertes cuestionamientos, en la comparecencia 14, como parte de la de la ampliación de la Glosa del Tercer Informe de la presente administración estatal. Poco antes, los diputados habían desahogado la comparecencia 13.
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Fue tal vez la prolongación de la comparecencia de la directora de la Administración Portuaria Integral (API), Alicia Ricalde Magaña, que pospuso por casi hora y media la reunión con el titular de la Secretaría de la Contraloría (Secoes), Del Pozo Dergal, lo que engalló a los legisladores de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, la cual dio inicio a las 15:29 minutos.
A Edgar Gasca se sumaron los diputados integrantes de esa comisión -excepto la priista Judith Rodríguez Villanueva, que faltó-, además de Erales Jiménez, Cristina Torres Gómez y Alberto Batum Chulim.
La exposición con la que la cabeza de Secoes quiso impresionar a los diputados de la XVI Legislatura, con abundantes datos técnicos y a la cual se incluyeron distinciones nacionales del Gobierno del Estado por temas de transparencia y buenas prácticas, anticorrupción, en especial de las acciones en contra de cientos de funcionarios de la pasada administración estatal, incluso 50 denuncias penales, no impresionó a los legisladores.
Erales Jiménez abrió la etapa de duros cuestionamientos al secretario de la Contraloría. La hora con 36 minutos que duró la presentación del funcionario público quedaba atrás. La exposición, dijo, refleja indicadores que inducen a la modernidad y que pretenden hacer eficiente el servicio público, sin embargo, agregó, en la presente administración estatal se mantienen viejas prácticas de corrupción, opacidad y autoritarismo.
Agregó que en Quintana Roo las leyes no se respetan y puso como ejemplo a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en donde si bien la legislación permite a su titular, Alberto Capella, no contar con una residencia mínima de cinco años, esto no aplica para todos los demás subalternos de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública, en sus artículos 20 y 21, pero a pesar de ellos fueron contratados: “Aquí se pasaron de la raya”, remató.
Ante esta situación, la Secretaría de la Contraloría, dijo, no ha hecho nada, pese a que se estima que son más de 70 nuevos funcionarios que trajo Alberto Capella Ibarra de otros estados. Dejó en claro que no se trata de nativismo sino de respeto a la ley; no se trata de impedir la llegada de gente de fuera, pero transgreden la ley y además con una gran soberbia.
Además señaló que se habla de transparencia cuando ex funcionarios de la pasada administración con cuestionada imagen están hoy en puestos de primer nivel, incluso como asesores y agregó: “Le pasaré la lista en una tarjeta”.
Continuó diciendo que no se conocen avances de las investigaciones contra ex funcionarios y funcionarios que han depredado el estado, no hay resultados y a los más atrevidos no les ha pasado nada, algunos incluso, señaló, se pasean en otros estados y en el extranjero. Todo ello ha generado un resentimiento en la sociedad y la muestra es que el actual gobierno perdió las elecciones.
Llegaron 38 fiscales a Quintana Roo para combatir la corrupción y viven en el fraccionamiento Andara, el más exclusivo de Chetumal, además de que gozan de los mejores salarios, externó.
Por su parte Gasca Arceo comentó que hay un hartazgo social porque este gobierno se presumió del cambio y la transparencia y ello no ha ocurrido. Incluso mencionó en el Congreso del Estado mismo se está investigando presuntas irregularidades en la entrega de apoyos sociales.
Las dependencias no han cumplido en cuanto a transparencia hasta en un 60 por ciento y a tres años de gobierno no pasa nada, cuál es la sanción, preguntó. La Secretaría de Salud y de Educación, son las que más quejas han tenido en contra, sin embargo, preguntó, qué es lo que se ha hecho al respecto.
Abundó que se presumió también durante la exposición del titular de la Secoes de las contralorías sociales, sin embargo, dijo: “Estoy seguro, secretario, que usted tampoco desconoce que la Contraloría Social es una completa simulación”.
A estos cuestionamientos se sumó Reyna Durán Ovando, quien cuestionó también los resultados de las denuncias en contra de ex funcionarios de la pasada administración, pero concluyó: “Siento que me voy de aquí sin las respuestas que solicité”.
Alberto Batum Chulim, por su parte, fue contundente: “El Poder Legislativo está cansado de tanta simulación”.
El contralor se pasó decenas de minutos en tratar de contestar sin llegar a su objetivo y deslindándose de su responsabilidad en diversos temas que le cuestionaron; demostró también el desconocimiento de la Ley Orgánica de la Administración Pública, al grado que Erales Jiménez le regaló una copia del artículo 20 y 21.
La comparecencia duró aproximadamente tres horas y media y los legisladores no quedaron satisfechos. Incluso, el boletín oficial ofreció un encabezado acorde y distinto a las comparecencias de días atrás: “Inconformes legisladores con la comparecencia del Contralor estatal”.
La diputada Cristina Torres Gómez, que fue la primera en pedir la palabra en la fase de preguntas y respuestas, cantinfleó con un cuestionamiento-comentario que hasta donde se pudo entender tenía relación con perspectiva de género. Fue lo más interesante que hizo.
GRIS COMPARECENCIA
Previo a las comparecencias en el Congreso del Estado, representantes de una asociación civil anunciaron que en breve ingresarán una iniciativa para que se vuelva a establecer en la Constitución estatal la residencia mínima de cinco años para designar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado.
Minutos antes de las 11:00 horas arribó la directora de la Administración Portuaria Integral, Alicia Ricalde Magaña, primera compareciente y quien fue directamente a la sala de comisiones Constituyentes del 74.
La comparecencia de esta funcionaria inició a las 11:20 horas con quórum de cuatro de los cinco diputados que integran la Comisión de Movilidad; su presidenta, Erika Castillo Acosta. Adicionalmente asistieron cinco diputados pertenecientes a otras comisiones.
Ricalde Magaña solo fue de paseo, pues hizo una presentación ejecutiva con datos y cifras del tema que le ocupa, dejando en claro que no hay recursos, que se han hecho algunas mejoras en los muelles y puertos que administra el estado a través de este organismo.
Muchas de los comentarios solo fueron “palmaditas” para la funcionaria estatal, preguntas suaves y básicas que en ningún momento buscaban cuestionar seriamente el trabajo elaborado pese a que la reunión duró aproximadamente cuatro horas. Además de que una de las diputadas asistentes era su hija: Atenea Gómez Ricalde.
Como involuntario intermedio, académicos, docentes y alumnos de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo) arribaron a la sede del Poder Legislativo en busca del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Edgar Gasca, para proponer se decrete la autonomía de la casa de estudios, según señalaron en entrevista.
