Jazmín Ramos / R360
(Última de tres partes)
CANCÚN, QRoo.- A raíz de la confrontación que se ha generado por la titularidad de los amparos que dan marcha atrás al desarrollo de Malecón Tajamar y el interés por encabezar el consejo, el presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Ángel Ramírez Florescano, indicó que para determinar cual será el destino de la zona primero Fonatur deberá responder a los empresarios afectados con la nulidad del proyecto.
Comentó que si bien el caso Malecón Tajamar deja un precedente de la lucha ciudadana por la preservación del medio ambiente, también se le debe dar certidumbre jurídica a los inversionistas, por lo tanto aún hay un proceso que se debe seguir referente a la comercialización de esos predios.
El jurista refirió que debido a que el proceso no ha concluido, Fonatur se ha mantenido al margen de dar una postura sobre el fallo que nulifica el desarrollo de la zona, pero es obvio que la autoridad no está cruzada de brazos y menos los empresarios que tienen el derecho a exigir el cumplimiento de los contratos de compra-venta.
Ramírez Florescano dijo que Fonatur no solo debe dar cumplimiento a la sentencia del tribunal referente a la nulidad del proyecto, sino que además hay denuncias de carácter penal ante la PGR, de ahí que el caso siga su curso y serás hasta que concluya el proceso cuando se determine quiénes conformarán el consejo.
Esos grupos que se han confrontado por la titularidad de los juicios de amparo, tienen que dejar de especular, pues aún cuando el tribunal emitió la sentencia de nulidad, los predios sigue siendo de carácter privado por la comercialización de la zona, entonces hay que esperar que la autoridad de certeza a los inversionistas.
Mencionó que una vez que se agoten todos los recursos que existen en defensa de Malecón Tajamar y Fonatur responda a los empresarios, se determinará el destino final de la zona afectada, es decir si se hará un parque, un jardín botánico o se considerará área nacional protegida.
En ese sentido comentó que lo importante es que se sentó un precedente de la defensa del medio ambiente, pues la autoridad tomó la correcta decisión de no permitir el proyecto, lo cual es una gran victoria, lo que sigue es guardar la calma y exigir que se restaure la zona.
Millonaria indemnización
La cancelación definitiva del Malecón Tajamar tendrá un costo aproximado de 3 mil millones de pesos en indemnización a los empresarios afectados, según estimaciones del propio Fonatur en la pasada administración federal.
El predio que conforma la zona en conflicto abarca una superficie urbanizada de 74 hectáreas donde se comercializaron 41 lotes y se destinó una inversión de 600 millones de pesos para la urbanización e infraestructura primaria.
Según un informe de Fonatur, con la cancelación del proyecto Malecón Tajar se afectará la creación de unos 15 mil empleos directos e indirectos y se dará marcha atrás a las inversiones inmobiliarias por un capital superior a los 11 millones de pesos.
Sin embargo más allá de las pérdidas económica según la averiguación previa 205/2015 que se integró en contra de Fonatur ante la PGR –hoy FGR-, la devastación del mangle y la afectaciones al hábitat se realizaron con el conocimiento de que los permisos para el desmonte que tenía la dependencia estaban por vencer, por lo que sí se incurrió en delitos ambientales.
Ese recurso legal que interpusieron ambientalistas encabezados por Sara Rincón Gallardo, permitirá incluso a los inversionistas tomarlo de base para contrademandar a Fonatur, ya que comercializó el predio con conocimiento de que había restricciones para su desarrollo.
Sobre Fonatur, la Semarnat y la Profepa, pesan 30 recursos más promovidos por la organización Movimiento Social en Pro de los Derechos del Pueblo, cuyos integrantes han permanecido en las guardias en la zona devastada.
Además desde la devastación se han promovido amparos individuales de los colectivos, Salvemos el Manglar Tajamar, Defensoría Internacional de los derechos Humanos, Cancún Salvemos el Manglar, Dos Manos A.C. y Alimento Seguro, los cuales se encuentra en proceso, de ahí que Fonatur no podrá emitir una postura hasta que se dicten las sentencias.
En sí la defensa del Malecón Tajamar inició luego de que la empresa Italiana Bi &Di procediera al desmonte de presuntos predios suyos en julio del 2015, a lo que la sociedad civil interpuso los primeros amparos.
Después en el 2016 se promovieron recursos en contra de Fonatur por afectaciones a las 74 hectáreas que conforman el polígono, para después sumarse más colectivos que interpusieron quejas contra la Semarnat y Profepa.
De esos recursos la autoridad ambiental sancionó a Bi & Di por un monto de 6.6 millones de pesos tras considerarla responsable de remover la vegetación en predios de Malecón Tajamar sin contar con las autorizaciones en materia de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de suelo.
De igual forma la Profepa emitió la clausura total definitiva y una orden de restauración inmediata de 14 mil 160 metros cuadrados en el proyecto Ynfinity, ya que se construyó obra nueva fuera de los tiempos establecidos por la autoridad; la multa impuesta fue por el orden de un millón 56 mil pesos.
Con base a ello y a las sentencias que están por emitirse ante la autoridad judicial contra la Semarnat y la Profepa, un Juez de Control podría reconocer legalmente como victimas a los titulares de esos recursos promovidos en defesa del Malecón Tajamar. Las multas servirían para rehabilitar el espacio público; se estima que el monto total incluyendo las sanciones ya emitidas asciende a unos 10 millones de pesos.
