El decreto de reforma a la Ley de Amparo ha entrado en vigor, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su edición vespertina del día viernes 14 de junio.
Modificaciones a los artículos 129 y 148
En el portal del DOF, se ha difundido el documento que detalla la adición de un último párrafo al artículo 148 y la derogación del último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Los cambios son los siguientes:
- Artículo 129: Se deroga.
- Artículo 148: Establece que en los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, las suspensiones dictadas no tendrán efectos generales.
Controversia y oposición por la Ley de Amparo
En abril, Mariana Calderón, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, anunció que la institución presentará un amparo contra la reforma.
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Este recurso buscará revertir la limitación impuesta a los jueces para decretar suspensiones con efectos generales tras aceptar una demanda de amparo.
¿Cómo me afecta la reforma a la Ley de Amparo?
José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la organización defensora de los derechos humanos Perteneces, analizó los cambios y sus implicaciones:
- Prohibición de suspensiones provisionales: La reforma impide a los jueces suspender provisionalmente leyes y obras públicas consideradas inconstitucionales. Aunque una norma pueda violar derechos humanos, no se detendrá inmediatamente mientras se resuelve el juicio.
- Efectos generales limitados: Las suspensiones concedidas por un juez solo aplicarán a las partes involucradas en el amparo, sin detener la aplicación de la norma o proyecto a nivel nacional.
- Impacto en obras públicas: Proyectos como el Tren Maya ya no podrán ser suspendidos cautelarmente por posibles daños ambientales o violaciones de derechos, dejando a las comunidades afectadas sin un mecanismo rápido de defensa.
Críticas de organizaciones de derechos humanos
Organizaciones de derechos humanos advierten que la reforma debilita la protección judicial, exponiendo a los ciudadanos a abusos sin posibilidad de una intervención inmediata para frenar el daño.
Poder ejecutivo y judicial en tensión
La reforma a la Ley de Amparo fortalece al Ejecutivo al limitar el contrapeso del Poder Judicial, generando críticas sobre un posible desequilibrio en la separación de poderes y el riesgo de decisiones arbitrarias sin control judicial efectivo.
Diversas organizaciones y la oposición han anunciado que impugnarán la reforma, destacando la importancia de la participación ciudadana para la defensa de los derechos.
