CHETUMAL, QR.- “El que la hace no la paga”, dijo una madre cuyas hijas fueron presuntamente abusadas sexualmente por un profesor del Centro Integral de Primera Infancia (CIPI), del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en 2017. El hecho ocurrió en la administración de Carlos Joaquín y durante más de cinco años ha buscado justicia. Ayer solo recibió una disculpa pública que calificó de “simulación”.
El hecho ocurrió en abril del 2017, en el CIPI denominado “Moots Ya’axche de esta ciudad.
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De acuerdo con la narración de los hechos de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, CDHEQROO/016/2021/I, una de las niñas dijo a su madre que el profesor le enseñó a realizarse tocamientos en sus partes íntimas, mientras que la hermana tenía problemas para controlar sus esfínteres, además de que las maestras confirmaron que el docente se quedaba a solas con ella.
Derivado de la situación la madre decidió reportar el hecho y determinó no llevar más a sus hijas a esa instancia infantil.
Ante la falta de atención al hecho de las autoridades del DIF, dirigido por María Elba Carranza Aguirre y del CIPI, interpuso una denuncia penal por abuso sexual ante la Fiscalía del Estado y la respectiva queja ante la Cdheqroo.
Autoridades protegieron al presunto agresor con una simple disculpa pública
Lo único que hicieron las autoridades del organismo “protector de la familia” fue cambiar de adscripción al docente a un área donde no tuviera relación con niñas, niños y adolescentes.
La FGE por su parte no integró de manera correcta el expediente, incluso no se practicaron las pruebas periciales psicológicas respectivas a las menores víctimas.
La trabajadora social de la Fiscalía retardó el proceso, pues argumentó que no se podía practicar ese tipo de pruebas psicológicas a menores de cinco años, aunque dichas valoraciones fueron realizadas a una de las víctimas hasta que cumplió cinco años y seis meses.
También se acusó a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad (adscrita a la FGE) de no investigar de forma diligente y oportuna los hechos denunciados.
La Subdirección de Atención de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Dirección Jurídica del DIF, no dieron seguimiento al caso y tampoco dieron aviso a las autoridades competentes ante la comisión del presunto delito de abuso sexual.
La madre ha pasado por un viacrucis para buscar justicia para sus hijas; se ha visto obligada a realizar estudios psicológicos particulares y contratar abogado particular, ante la ineficiencia de las autoridades.
La madre consideró que una disculpa pública solo es una simulación mientras no haya justicia.
La recomendación de la Cdheqroo fue emitida el 22 de diciembre de 2021 y seis meses después fue cumplida.
La disculpa pública por parte del DIF fue leída por su directora, María Elba Carranza Aguirre, y por la FGE, la vicefiscal Estela Labastida, ante la presencia de la parte agraviada.
Carranza Aguirre confirmó que el profesor denunciado sigue laborando en la institución, en un área donde no hay contacto con niños, niñas y adolescentes.
Pese a los hechos denunciados negó que no se haya atendido el caso de forma adecuada y que por parte del DIF se realizaron las acciones que correspondían.
La madre de las menores señaló que es lamentable que en una institución que debe procurar la protección de la familia, actúe en detrimento de la infancia del estado, en este caso de sus hijas, aunque, afirmó, no descansará hasta que se haga justicia.
Tras la disculpa se prevé que la audiencia a vinculación a proceso, en los juzgados, en contra del inculpado se realice a la brevedad, para el deslinde de responsabilidades.
